Carta abierta a Dª Carmen Calvo: Ministra de Cultura

La presente es para comunicarle mi más honda preocupación por la constante presión que, desde algunos medios de comunicación, están ejerciendo diversas compañías discográficas con tendencias monopolistas y sociedades de gestión de derechos de autor que, representando a un ínfimo porcentaje de la población y electorado español, pretenden ahogar, a su conveniencia particular, todo un movimiento cultural y científico masivo y sin precedentes en la historia de la humanidad.

Recientemente, La Comisión de Cultura del Congreso dio luz verde con un amplio consenso al dictamen sobre la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que reconoce y regula el derecho de los autores a percibir un "canon" por la copia privada de sus obras en el mundo digital, siempre que no se incluyan dispositivos anticopia. Esta regulación abarcará pues desde los reproductores MP3 hasta la 'puesta a disposición en Internet'.

Es mi obligación poner en su conocimiento que:
EXISTEN LICENCIAS POR LAS QUE LOS AUTORES LIBERAN SU OBRA Y NO PERTENECEN A LA SGAE, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COARTAR SU DIFUSIÓN
Es mi obligación y mi derecho informar a su señoría que, desde hace años, existen una serie de licencias que, en contraposición al copyrigth, permiten al autor, de antemano, otorgar permisos a un tercero, según el autor disponga, yendo desde el permiso de copia y distribución hasta el dominio público, pasando por la realización de obras derivadas y el uso comercial de las mismas. Aunque éstas licencias tienen su origen en el software libre y/o de código abierto, las licencias Creative Common, se han extendido en el campo de las artes y de la creación literaria y científica de tal manera que en la actualidad permiten, a cientos de miles de músicos, artistas plásticos y audiovisuales y científicos de todo el mundo, publicar su obra, promocionarla a cero coste y compartir arte, cultura y conocimiento con toda la humanidad gratuitamente a través de Internet tanto en páginas web, portales multicontenidos, programas de intercambio de archivos(P2P) etc...

Por otro lado, la obstaculización de este movimiento, más que emergente, en vías de consolidación, no solo impediría la evolución de la cultura y conocimiento científico humano como jamás se ha conocido, si no que cientos de miles de puestos de trabajo podrían estar en peligro, no sólo en España si no en el resto del planeta, con la consabida desestabilización económica y social que eso supondría. Hay que tener en cuenta que la evolución de los mercados, propiciados por las nuevas tecnologías y costumbres sociales, genera nuevos modelos de negocio que se verían gravemente afectados por estos intentos de censura de compañías incapaces de adaptar sus modelos de negocio y de sociedades de gestión con funcionamiento de sindicato vertical único en España (de los 90000 autores socios solo tienen derecho a voto unos cinco mil)

Así, programadores web de alojamientos de contenidos culturales y de ocio, estudios de grabación y audiovisuales que permiten, a bajo coste y con gran calidad, crear las obras de estos artistas, proveedores de internet y banda-ancha y toda una serie de comercios y servicios a ellos ligados, perderían gran parte de su razón de ser al no poder ofrecer por un lado, herramientas de desarrollo, creación y promoción de obras y por otro, contenidos variados y alternativos a los extremadamente comerciales y carentes de variedad ofrecidos en la actualidad por empresas monopolizadoras.

Tampoco tendrían ningún sentido los esfuerzos realizados por el Gobierno para que toda la sociedad española disponga de conexiones de alta velocidad si sólo pudiéramos usarlas para los contenidos que unos pocos quieren imponer o para poder seguir incrementando el gasto público y privado con la aplicación de canon a diversos soportes, periféricos y conexiones, y su intento de violar los derechos fundamentales de presunción de inocencia, de la intimidad y el acceso a la cultura y la libertad de expresión. Independientemente de que jamás se haya visto que una sociedad de gestión privada pueda tener la potestad de imponer tributos, incluso al propio Estado.(Pregúntese cuanto están pagando las Administraciones Públicas a la SGAE en concepto de canon. ¿Acaso el Estado es el mayor pirata musical de la nación?)

Por lo tanto, ruego a su señoría tenga a bien considerar la libre distribución de contenidos culturales y científicos a través de la red y su protección y promoción, como un bien patrimonial y cultural no sólo de nuestra nación, si no de toda la raza humana.

Esperando que se consideren todas estás informaciones y que se defiendan los intereses de más del 99% de la totalidad de creadores y de la mayoría de los ciudadanos que no estamos en absoluto de acuerdo con los predicamentos, declaraciones y métodos, cuanto menos anitconstitucionales de las diferentes sociedades de gestión de derechos de autor y grandes compañías discográficas. Se despide atentamente:

Eme Navarro
Socio SGAE nº: 70981